Denuncia penal  ante el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por la reiteradas denuncias que se hacen en los medios de comunicación, contra el partido Conservador, por la presunta comisión de actos delictuales por el señor LUIS GONZALO VALENCIA GONZALES, ex presidente del Concejo de Manizales, instauró el Representante a la Cámara por el departamento de Caldas, Arturo Yepes.

En la comunicación el dirigente denuncia presuntas irregularidades presentadas durante la formulación  y aprobación del proyecto de acuerdo 123 de 2015  “por medio del cual se modifica la planta de personal del Concejo Municipal y se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales, se deroga el acuerdo 0628 de 2006 y se dictan otras disposiciones”, además de otros hechos.

A continuación el texto de la denuncia:

Representante a la Cámara

Arturo Yepes Alzate

Caldas

Bogotá, 14 de febrero de 2017

 

 Doctor:

 NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

Fiscal General de la Nación

Ciudad

 

 Asunto: DENUNCIA PENAL

 

 ARTURO YEPES ALZATE, en calidad de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, en debido tiempo y forma, instauro DENUNCIA PENAL, por las reiteradas denuncias que se hacen en los medios de comunicación, contra el partido Conservador, por la presunta comisión de actos delictuales por el señor LUIS GONZALO VALENCIA GONZALES, ex presidente del Concejo de Manizales, en razón a los siguientes:

 HECHOS.

 En el año 2015 el Proyecto de acuerdo 123 de 2015 “por medio del cual se modifica la planta de personal del Concejo Municipal y se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales, se deroga el acuerdo 0628 de 2006 y se dictan otras disposiciones” fue objetado por el Alcalde, Jorge Eduardo Rojas.

En marzo del año 2016, el presidente Luis Gonzalo Valencia recibió el fallo del Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró infundadas las objeciones hechas al proyecto de acuerdo 123 de 2015 y atañe que la modificación de la nómina no vulneró ninguna norma constitucional y/o legal.

 En no menos de tres comunicaciones el Departamento Administrativo de la Función Pública ofició ayuda al Concejo, indicándoles qué podían y no podían hacer, enviándoles borradores de cada uno de los actos que debían realizar y los formatos para llevar a cabo la ejecución.

 El proyecto fue aprobado sin tomar en cuenta las recomendaciones, que -por escrito- entregó el Departamento Administrativo de la Función Pública, que a su vez ratificó la competencia del entonces presidente del Concejo, sin embargo, advirtió que dicho proyecto estaba mal estructurado.

 Nombró a un funcionario, incrementándole el sueldo, no al 10% como el máximo establecido por la Ley, si no al 65%.

 La nueva planta de cargos, según la Función Pública, está sobreestimada, pues en éste momento cuenta con 14 jefaturas, cuando la mencionada, recomendó tres; i) Presidencia; ii) Oficina Asesoría Jurídica; iv) Jefatura Administrativa y Financiera.

Lo que da razón a que la planta de personal esté desfasada en más de $300.000.000 (trescientos millones de pesos), es decir, pasó de $1.221.000.000 (mil doscientos veintiún millones de pesos) a $1.631.000.000 (mil seiscientos treinta y un millones de pesos), lo que advierte un posible detrimento patrimonial.

De igual manera, Luis Gonzalo Valencia, realizó el alquiler de una fotocopiadora por un valor de$10.000.000 (diez millones de pesos) al año; La actual presidencia acaba de comprar una, por el valor de $4.500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos).Gonzalo Valencia contrató durante 10 meses los servicios de la abogada DUINA NATALY HENAO OROZCO, para adelantar el proceso de estructuración del proyecto, por un valor de $4.500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos) mensuales. Se comenta que la señora HENAO debía devolverle $3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos), bajo la promesa que sería nombrada en la Jefatura Jurídica; el actual presidente en un mes y medio logró la aprobación de la nueva planta con las recomendaciones de la Función Pública y sin objeción alguna por parte del alcalde.

 De la misma forma, se habla de una persona a la cual se la contrató por el Concejo, sin embargo, ésta nunca fue a laborar dado que prestaba sus servicios en un establecimiento comercial de propiedad del señor Luis Gonzalo Valencia, en el sector del cable. Los concejales Rafael Torregrosa Y César Díaz, tendrían videos en los cuales se ve a dicha persona laborando en el mencionado establecimiento, en horarios donde tendría que prestar su servicio de forma personal al Concejo. En la realización de la Agenda Regional de Integración, los dineros producto de las donaciones no entraron al Concejo y se indica que fueron consignados al señor Daniel López. Aguas Manizales, parece ser, fue una de las entidades que realizó esas consignaciones al señor López. Por otro lado, se encuentra a una persona de nombre Juan Barrera, a quien Luis Gonzalo Valencia nombró en la Dependencia de Atención al Concejal con un salario muy cuantioso; se indica que producto de haber pagado $30.000.000 (treinta millones de pesos). Al conocer de la nueva reforma, demandó al presidente por acoso laboral entre otras causales. En mes y medio de la actual presidencia, éste funcionario no atendió ninguna solicitud de concejales.

 Se dice que Luis Gonzalo Valencia autorizó viáticos hacia Bogotá para una funcionaria del Concejo, dineros que fueron entregados por ella al señor Gonzalo pero que nunca se presentaron soportes.

 PETICIÓN.

 Como representante a la Cámara del partido Conservador, me corresponde velar no sólo por la moralidad pública, sino también por el buen nombre de mi colectividad, la cual eligió en su momento, al señor LUIS GONZALO VALENCIA, como Presidente del Concejo. Razón que me lleva, a solicitar se inicie en la menor brevedad posible, la investigación penal respectiva que conlleve a desvirtuar la comisión de conductas delictuales, o por el contrario se actúe de acuerdo a los procedimientos legales en contra del señor VALENCIA. Los presuntos delitos son; celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales; ii) peculado por apropiación; iii) peculado por aplicación oficial diferente iv) prevaricato; v) usurpación de funciones; vi) cohecho propio; vii) cohecho impropio.

 

Favor responderme de fondo en el término legal y al amparo del derecho Constitucional.

 Atentamente,

 Arturo Yepes Alzate

H. Representante a la Cámara

 

Proyectó: Jurany Navarro Zambrano

                 Judicante – Comisión V Constitucional P.